Bolivia , rechaza insinuaciones de Federico Franco , en el caso Mario Cossio

Publicado en por javierperezdelema.over-blog.es

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.-El Gobierno de Bolivia calificó el domingo de “agresivas” las “insinuaciones” de tres autoridades de Paraguay, entre ellas el vicepresidente Federico Franco, sobre la democracia boliviana y pidió a Asunción negar la concesión de asilo al suspendido gobernador de la región boliviana de Tarija, Mario Cossío, acusado de corrupción.

“Algunas autoridades de la hermana República del Paraguay, específicamente el señor Vicepresidente de Paraguay y el gobernador de alguna de las regiones importantes (de ese país) y algún congresista han emitido un conjunto de declaraciones sobre Bolivia, sobre nuestro Estado, nuestras instituciones, que nosotros las calificamos de desacertadas, agresivas, incorrectas y erróneas”, afirmó en La Paz el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera. 

En una conferencia de prensa, García Linera deploró los dichos de Franco y del gobernador del Departamento Central de Paraguay, Carlos Amarilla, que criticaron la presunta “persecución política” que el gobierno de Evo Morales desarrollara, supuestamente, contra Cossío, procesasado en Bolivia por 20 cargos de corrupción mientras ejerció la Prefectura de Tarija, entre 2006 y 2009, y luego la Gobernación de esa sureña región boliviana en 2010.

Franco y Amarilla son correligionarios y militan en el Partido Liberal Radical Auténtico, opositor al gobierno del presidente paraguayo Fernando Lugo.

Acusado en 2009 por el ex director de Transparencia de la Prefectura de Tarija, Fernando Barrientos, y suspendido a principios de diciembre último por la Asamblea Departamental Legislativa de su región, por uno de los 20 cargos que se le imputan, Cossío salió de manera furtiva a Paraguay, donde la local Comisión Nacional del Refugiado (Conare), dependiente de Naciones Unidas, le concedió refugio transitorio por 90 días, mientras estudia su pedido de radicación.

Acusado de malversar recursos provenientes del Impuesto Directo por Hidrocarburos y regalías petroleras, que entre 2006 y 2010 superaron el billón de dólares, Cossío, que vive en una zona rural de Paraguay, en una suerte de clandestinidad, se ha dicho “perseguido político” del gobierno de Morales en Bolivia.

“No aceptamos ningún tipo de insinuación y menos de una autoridad extranjera que venga a poner en duda la calidad, la profundidad y la radicalidad de nuestras instituciones democráticas bolivianas, la profunda convicción democrática de nuestro pueblo, del pueblo boliviano”, dijo en tono taxativo García Linera en contestación tácita a Franco y Amarilla.

La autoridad boliviana no mencionó los nombres de las autoridades bolivianas concernidas en este roce entre La Paz y Asunción.
El Vicepresidente boliviano rechazó con especialmente énfasis los dichos de su homólogo paraguayo que afirmó en Asunción que la vida de Cossío “corría peligro”.

“Expreso mi apoyo y solidaridad a Cossío. Un gobernador electo por el pueblo no va a salir de su país si es que no ve peligrar su vida”, dijo Franco a periodistas según declaraciones divulgadas el viernes último por la Agence France Presse.

“Yo, ¿por qué dejaría de ser vicepresidente de la República si mi vida no corre peligro. Si mi país no me ofrece la garantía de la justicia, yo haría exactamente lo que hizo el gobernador” Cossío, machacó Franco.

García Linera rechazó tal concepto.

“Se ha dicho que el señor Cossío hubiera huido de Bolivia porque está en riesgo su vida. A qué persona política se la ha perseguido y puesto en riesgo su vida. Un fiscal no pone en riesgo a nadie, no pone en riesgo la vida, un juez no pone en riesgo la vida de nadie, la ley no pone en riesgo la vida de nadie, la transparencia y la honestidad no ponen en riesgo la vida de nadie”, contrarrestó el vice boliviano.

Calificó, por lo expuesto, de “descabelladas”, la afirmación de Franco.

Por su parte, el Vicepresidente paraguayo instó también al Conare conceder refugio a Cossío.

“Desde luego esperamos que la Conare pueda otorgar a Cossío el refugio y de esa manera tenga garantizada su vida y la de su familia, que infelizmente hoy no lo tiene en su país?, resaltó Franco tras recibir a Cossío en su despacho en Asunción el viernes anterior.

Por su parte Amarilla, también vicepresidente de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, dijo que Cossío fue derrocado por “un complot” orquestado por el Gobierno en Bolivia.

“Esos regímenes autoritarios conllevan grandes padecimientos a los pueblos y que hay evidencias de que el señor Evo Morales utiliza las instituciones republicanas y democráticas para perseguir de la manera más alevosa posible a sus adversarios políticos”, afirmó en declaraciones al diario paraguayo ABC.

A sub turno, García Linera estimó de injerencia en asuntos bolivianos las afirmaciones de Franco y Amarilla.

“En el marco del respeto, del cariño profundo a todos los pueblos de América Latina, y en particular el respeto y cariño al pueblo paraguayo, pero estamos en la obligación de rechazar, de manera firme, contundente, las declaraciones de cualquier funcionario extranjero que se inmiscuyan en las características y en las cualidades de nuestras instituciones y nuestras estructuras democráticas”, enfatizó en La Paz.

Tras rechazar el contenido de las aseveraciones de Franco y Amarilla, García Linera anunció gestiones oficiales para evitar que Cossío encuentre refugio en Paraguay.

“Estamos solicitando al gobierno de Paraguay que no se conceda ese asilo y que el señor Cossío sea devuelto, regrese a Bolivia para que asuma su defensa de los cargos por corrupción que tiene en contra”, subrayó.

La autoridad boliviana también rechazó, de plano, las afirmaciones de que en Bolivia hubiese planeado un régimen autoritario, en alusión a los dichos de Amarilla.

“Yo me pregunto, qué gobierno ha obtenido 64% de la votación, en primera vuelta, pregunto si eso no es democracia. 64% de los electores de un país, que han consagrado, han ungido como gobernante, en base de su voto, de su decisión libre y consciente, a un presidente, en este caso el presidente Evo”, dijo al subrayar la decisión de Morales de revertir, recientemente, un decreto para la nivelación del precio de las gasolinas con respecto al mercado regional y que levantó una ola de descontento popular, por su impacto en el Indice de Precios al Consumidor.

“Pregunto si no es democracia lo que sucedió recientemente, hace dos semanas, cuando el presidente Evo abrogó el decreto, justamente a pedido de las organizaciones sociales, el pueblo, los profesionales, los vecinos”, argumentó.

También salió al paso de versiones que afirman que Cossío es un perseguido político.

“De manera categórica y tajante, no hay perseguidos políticos en democracia. En Bolivia a nadie se lo persigue por su pensamiento, por sus ideales o por sus creencias, a nadie”, proclamó.

“Jamás vamos a permitir que a nadie se lo persiga por sus ideas o sus creencias políticas, por su pensamiento. No hay ninguna persona en Bolivia, hoy, en nuestro gobierno, que sea perseguido por sus ideas”, pudo en relieve.

A contrapelo  de los afirmaciones de Franco y Amarilla, García Linera dejó en claro que Cossío es procesado por manejos irregulares de los fondos públicos de su región en que incurrió durante su mandato.

“Hay personas enjuiciadas por corruptas. Eso es lo que tenemos y el señor Cossío es enjuiciado por corrupto, por haber, según la acusación, robado dinero a su pueblo, haber utilizado mal los dineros de la Gobernación y la Prefectura” de Tarija, sostuvo.

García Linera también deploró que se haya acusado a la administración Morales de controlar la justicia y expuso, a manera de ilustración, que Barrientos, ex colaborador de Cossío, encargado de la célula anticorrupción de la Gobernación de Tarija, fue quien radicó la acusación.

Barrientos supo ser, entre 2006 y 2009, diputado de la opositora agrupación conservadora Poder Democrático y Social, del ex presidente Jorge Quiroga (2001-02).

En la misma corriente, el dignatario boliviano sacó a relucir que Cossío, en tanto presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, fue quien designó fiscal de Distrito de Chuquisaca a Mario Uribe, actual fiscal General del Estado quien, precisamente, dirige la investigación al suspendido gobernador de Tarija.

“Decir que quien ha acusado al señor Cossío no ha sido el gobierno, no es el MAS (de Morales), quien lo ha acusado por un acto de corrupción que él no ha querido explicar ante los juzgados es el diputado Fernando Barrientos, ex diputado de la agrupación política Podemos en 2009. Encima ese diputado fue director de Transparencia del gobernador Cossío”, recalcó.

Por último refirió que el mecanismo de suspensión de autoridades electas formalizadas por el Ministerio Público boliviano data de 1999, cuando gobernaba constitucionalmente el ex dictador fallecido Hugo Banzer, y que la vigente Ley de Autonomías de Bolivia ha calcado.

Explicó que el artículo 48 de la Ley 2028 prescribió, ya en 199, la suspensión temporal de las autoridades electiva, “una ley hecha antes que nosotros, hace 11 años, donde se establece la suspensión de autoridades ediles”.

“El gobierno (de Morales) ahí no ha hecho nada, no se ha metido en nada, no ha acusado a nadie”, insistió.

Por último remató que “en Bolivia no aceptamos corrupción, nos apena que haya algunos funcionarios extranjeros que no se dieran cuenta de esta lucha valiente decidida y necesaria de Bolivia y de los latinoamericanos contra la corrupción y sin desearlo tal vez al asumir esta protección del señor Cossío en el fondo estuvieren protegiendo actos de corrupción en nuestro país”.

 

CI/La Paz

 

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